Redacción | Ciudad de México
Durante la primera reunión de trabajo y análisis respecto al Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Diputada Alicia Barrientos Pantoja informó que se han realizado gastos irregulares de 15 millones 780 mil pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), siendo detectadas como anomalías entre servicios de mantenimiento, mobiliario y equipo destinado a emergencias. Además de pagos a actividades duplicadas en materia de tecnología de información y comunicaciones.
Así mismo, señaló que “En México, el 26% de las cuencas están contaminadas con sulfato, nitrato, fosforo, fluoruro, carbonato, sodio, potasio, calcio, magnesio, gases disueltos, radiación y metales tóxicos. A eso se suma que la disponibilidad natural media per cápita del líquido está disminuyendo: en 1950 era de 18 mil metros cúbicos por habitante al año y en 2013 pasó a 3 mil 982, cifra calificada de baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.”
A lo cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mencionó que en el 2000 cada habitante tenía 14 mil metros cúbicos, y los estándares internacionales son de 5 mil metros cúbicos por habitante. Pero el deterioro de la calidad y cantidad se aceleró hasta ser el agua un tema de seguridad nacional. En 2016 tenemos 3 mil 600 metros cúbicos por habitante, debajo de los 5 mil que son el estándar.
Con ello la ASF aclaró que solo el 47% de las aguas se han tratado. Todas las demás están contaminadas, además de no tener conocimiento de cuánta agua están sacando a quienes se les ha dado permiso, además solo el 2 por ciento de los permisionados paga el líquido.
En cuanto al reporte de desempeño del gasto ejercido de los estados, Veracruz tuvo la peor calificación, ya que de los 23 fondos federales transferidos a la entidad, en 22 se detectó daño patrimonial. Las áreas con mayores irregularidades fueron: educación, salud, desarrollo social, especialmente en el programa de combate a la pobreza y seguridad pública, además de destacar que todo el dinero invertido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) resultó con observaciones de 553mdp.
Sobre la auditoría practicada a la Universidad Veracruzana, existen más de 140 millones de pesos por aclarar. Además de que al Gobierno del estado le quedó pendiente aportar parte del subsidio estatal según el convenio de apoyo financiero, apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las universidades públicas estatales (UPES) que en conjunto suman más de 250 millones de pesos.
Respecto al tema de Seguridad Pública “se detectó que a una de las cuentas ajenas al fideicomiso, el Gobierno de Veracruz transfirió 337 millones de pesos; de ellos reintegró solamente 118 millones a la cuenta de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para pagar a proveedores de equipos de seguridad. A otra cuenta había enviado 37 millones 400 mil pesos, de los cuales apenas regresó cinco millones 370 mil”. Comentó la legisladora de MORENA.
Estas pruebas fueron suficientes para dar a conocer que si bien, el dinero fue reportado parcialmente ante Hacienda para justificar los desembolsos, en realidad, en muchos casos, el dinero no fue enviado a los proveedores con los que se firmaron los contratos, sino que simplemente se los quedó el Gobierno estatal.
Asimismo el dictamen de la Auditoría Financiera, sobre el uso de los recursos del Fondo para Seguridad 2014, en Veracruz arrojó que “Hasta 2014, había 12 mil 149 policías, de los cuales seis mil 912 policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mil 905 en la Fiscalía General del Estado, y tres mil 332 de corporaciones municipales. Esto significa un promedio de 1.5 policías por cien mil habitantes en Veracruz, índice que está por debajo de los 2.8 agentes por cien mil habitantes que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).” Según señaló la Diputada Alicia Barrientos Pantoja.
De igual manera la Diputada Barrientos punteó que “La Auditoría realizó una investigación a un proyecto de Asociación Público Privado (APP) entre el ISSSTE y una empresa privada de la cual no se menciona el nombre en el documento para la demolición y posterior reconstrucción del Hospital Gonzalo Castañedo Escobar, ubicado en la Ciudad de México, con un contrato por el monto total de 8 mil 68.6 millones de pesos, detectando un número importante de irregularidades en este contrato.” He hizo hincapié en “Lo extraño de no mencionar el nombre de la empresa en cuestión en el informe que la auditoría presentó, más aún dadas las irregularidades”
Mencionó que para este proyecto se otorgó un permiso administrativo temporal, por parte del ISSSTE, a favor de Preiton, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. Consorcio integrado a su vez por dos empresas: Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. y Grupo Industrial IGSA S.A. de C.V. Ambas beneficiarias de contratos en varios casos sin licitación durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (En el Estado de México) y ambas relacionadas al Grupo Higa del Señor Juan Armando Hinojosa Cantú.
Por dichas irregularidades presentadas en 2014, durante esta obra, atribuibles tanto al ISSSTE como a las empresas IGSA y Tradeco la Diputada Alicia Barrientos hizo el cuestionamiento sobre “¿Por qué la Auditoría no reveló el nombre de la empresa beneficiaria del contrato de APP del ISSSTE en el Informe Anual 2014?”
