Desde el primer minuto de este viernes, Ernesto Sánchez Rodríguez (propietario) y Jesús Alamilla Mendoza (suplente), quienes integran la fórmula rumbo a la Diputación Federal por el Distrito 6to que comprenden las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, por la coalición “Por México al Frente”, refrendaron su compromiso por darle a sus vecinos de ambas demarcaciones un nuevo modelo de vida “inteligente” con el impulso de leyes centradas en el combate a la pobreza y desigualdad.
“Mi tarea en el Congreso de la Unión será respaldar y dar continuidad a los proyectos de innovación y tecnología en materia de salud, educación y progreso humano, mismos que promoverá el próximo Presidente de México, Ricardo Anaya a partir del próximo 1 de diciembre”, advirtió el candidato panista Ernesto Sánchez Rodríguez.
Destacó que su paso por la Asamblea Legislativa, le ha permito contar con la experiencia necesaria para salir a pedir el voto con logros alcanzados como lo es un Sistema Local Anticorrupción, leyes aprobadas en materia de transparencia y la consolidación de una agenda integral a favor de Álvaro Obregón.
Añadió que son resultados indiscutibles, los cuales, hoy en día se aplican de forma cotidiana en la agenda pública de la Ciudad de México.
El candidato a legislador federal confío en la voluntad de sus vecinos de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón para llegar a la Cámara de Diputados. “No soy un desconocido y mucho menos vengo a hacer historias de telenovelas ni teatro, yo si traigo una agenda que ofrecerle a esta capital del país”.
Como un adelantó, Sánchez Rodríguez aseguró que la coalición “Por México, al Frente” lleva ventaja entre las preferencias de ambas de ambas delegaciones, por lo que dijo, “no bajaremos la guardia y defenderemos la decisión en las urnas”.
Conociendo las principales problemáticas en ambas delegaciones, Ernesto Sánchez Rodríguez, dijo que entre su abanico de propuestas, está la de garantizar seguridad pública en los conjuntos habitacionales de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón por medio de un acuerdo con autoridades federales para que compartan estrategia e inteligencia vía área y terrestre en “puntos rojos”, y así, inhibir la delincuencia con base a la participación ciudadana.
