La diputada del GPPRD, Mónica Almeida López, consideró que los diputados en la Cámara Baja, tienen una gran responsabilidad ante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021, para construir un nuevo modelo presupuestal, el cual tiene que dar prioridad a las personas para garantizar sus derechos humanos y el mínimo vital, considerando las diferencias territoriales, así como las particularidades y necesidades de cada comunidad.
Detalló que en este momento sería prácticamente un grave error aprobar como fue enviado el proyecto presupuestal por parte del Gobierno Federal, cuando se ha reconocido que hay omisiones y vacíos para atender la crisis de la emergencia sanitaria y económica. “tenemos que construir programas que en este momento no están visibles para atender de manera adecuada las afectaciones que está dejando la pandemia, y de quedar así la propuesta del PEF es algo grave, por lo cual necesitamos hacer en una contrapropuesta al Gobierno Federal”, precisó.
Durante su participación en la reunión de trabajo con el director del CONEVAL, la diputada federal dijo que, de no tomar en cuenta estas necesidades para mitigar las afectaciones que provoca la crisis sanitaria y económica, en la aprobación del presupuesto de egresos, los diputados estarían incurriendo en corrupción, por no asegurar que los programas lleguen a la gente que realmente lo necesita.
“La brecha de desigualdad se ha incrementado, como ejemplo podemos citar el modelo educativo a distancia, donde existen niños, niñas y adolescentes, que hoy no se les garantiza el derecho a la educación, por no tener luz, Internet o una televisión digital, o no tienen alimento. Por lo cual debemos etiquetar claramente los recursos económicos en el presupuesto y si no queda claro estaríamos cometiendo incluso un acto de corrupción, otro tipo de corrupción, porque aprobar recursos a programas sociales que hoy no se sabe en dónde se están entregando, es una acto de irresponsabilidad y corrupción”, subrayó.
La diputada federal por el Estado de Jalisco, comentó que este tipo de programas, los cuales se desconoce con precisión su destino no están dando resultados correctos, ya que no se entregan a la población que más lo necesita y esto es atentar contra su vida y sus derechos humanos más vitales, por lo que plantea que el nuevo modelo presupuestal debe ser enfocado específicamente a las necesidades de cada Estado y municipio.
Por último Almeida López, resaltó que uno de los primeros derechos vitales es la alimentación y el derecho a la vivienda digna, lo que genera seguridades a la vida. Son dos de las prioridades que en este momento, no se ven reflejadas en el presupuesto, creo que los diputados estaríamos siendo participes de una alta responsabilidad, en el caso de reconocer y modificar el presupuesto de acuerdo al informe que dio el titular del CONEVAL”.
