“Mala Ley” lo aprobado sobre extinción de dominio afirma PRD

“Mala Ley” lo aprobado sobre extinción de dominio afirma PRD

A nombre del GPPRD, su coordinadora, Verónica Juárez Piña, calificó las reformas sobre extinción de dominio aprobadas hoy por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados como una “mala ley” que terminará por perjudicar a los mexicanos en general más que combatir a la delincuencia, pues violenta el derecho a la propiedad y la presunción de inocencia de cualquier persona, mientras exime a la autoridad de su obligación de investigar y perseguir el delito.

Sin desconocer que una reforma a las leyes relacionadas con extinción de dominio es necesaria para combatir a la delincuencia, la legisladora perredista advirtió que la impulsada por la mayoría en esta Cámara termina por lastimar a las y los mexicanos que supuestamente quiere proteger.

Esto es así porque una persona, sin estar vinculadas a la actividad delictiva, podría perder sus bienes sin haber investigación o sentencia condenatoria en el ámbito penal, sino sólo la presunción de la autoridad sobre su complicidad o implicación en algún delito.

Además, para probablemente recuperar sus bienes, esa persona inocente deberá demostrar a la autoridad que actúo sin el conocimiento de la actividad delictiva o que no se encontraba directamente relacionado con ella, lo que podría tardar meses o años en un largo proceso civil.

“Esto es, sin que haya nadie que esté siendo investigado, acusado o juzgado, la autoridad puede iniciar los procedimientos de extinción de dominio respecto a un bien, únicamente bajo la presunción de que estuvieron, están o son producto de la delincuencia”, lo cual es un abuso, puntualizó Juárez Piña.

“Estamos convenidas y convencidos de que quien debe de probar que los bienes son de la delincuencia es la autoridad y no, como se establece en esta ley, que debe ser el ciudadano”, precisó.

Aclaró también que el GPPRD, desde luego, no defiende a la delincuencia ni la conservación de sus bienes -porque éstos deben ser resguardados bajo el propio procedimiento penal por el que se encauza a los delincuentes-, sino quienes, por ejemplo, rentan un inmueble o compran un automóvil de buena fe y sin tener conocimiento previo sobre su mal uso.

“Les pongo un ejemplo: una persona que renta su inmueble que después es usado para organizar un secuestro, debe comprobar que él no sabía de estas actividades y no el Ministerio Público, violando con ello el principio de presunción de inocencia”.

En este sentido consideró que con esta reforma se le dan muchas facilidades a la autoridad a través de las disposiciones avaladas hoy por la mayoría.

Reiteró que el GPPPRD se pronuncia por proteger el derecho de las y los mexicanos, y por exigirle a la autoridad que cumpla con sus responsabilidades sin lastimar a la población y que use los recursos que se obtengan de estos procedimientos de modo transparente y no de manera discrecional.

“No nos equivoquemos nuevamente. Arreglemos esta ley. Espero que tengan la sensibilidad necesaria para que podamos salir de aquí con reservas, con la aceptación de las mismas y que permitan, en todo caso, mejorar lo que ahora se presenta”, demandó al resto de legisladores antes de la votación final.

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