Dafnys Guzmán B. | Bolivia.
Los recientes disturbios en Bolivia, liderados por el General Juan José Zúñiga, han sacudido los cimientos del orden constitucional del país. Estos eventos representan una grave violación de múltiples artículos de la Constitución Política del Estado, entre ellos el artículo 7, que establece la soberanía del pueblo y el artículo 410, que afirma la supremacía constitucional.
El intento de Zúñiga de desestabilizar las instituciones democráticas mediante acciones violentas, viola directamente el artículo 244 de la Constitución, que establece que las Fuerzas Armadas tienen la misión fundamental de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país. Además, contraviene el artículo 245, que prohíbe a los militares en servicio activo ser miembros de partido político alguno.
Los eventos se desarrollaron rápidamente cuando Zúñiga, acompañado por un grupo de militares, intentó tomar el control de instalaciones gubernamentales clave en La Paz. Su llamado a la desobediencia y a “recuperar la democracia” contradice los principios democráticos establecidos en la Constitución, particularmente el artículo 26, que garantiza la participación política por medios pacíficos y legales.
Este intento de motín representa una clara amenaza al orden democrático y constitucional. La ciencia política nos enseña que la estabilidad democrática depende del respeto a las instituciones y del cumplimiento de las reglas establecidas. Por su parte, el derecho constitucional enfatiza la supremacía de la Constitución y la importancia de los mecanismos legales para resolver conflictos políticos. El accionar de Zúñiga no solo viola principios constitucionales específicos, sino que también desafía los fundamentos mismos del Estado de Derecho, poniendo en riesgo la integridad del sistema democrático boliviano.
Sin embargo, es crucial contextualizar estos eventos dentro de la coyuntura actual del país. La economía boliviana atraviesa una crisis significativa que parece estar siendo ignorada por gran parte de la sociedad. Este conato de motín podría interpretarse como una distracción, una “cortina de humo” destinada a desviar la atención del pueblo boliviano de problemas económicos más apremiantes que están a punto de estallar. El clivaje social actual sugiere una desconexión entre la percepción pública y la realidad económica del país, lo que podría exacerbar las tensiones existentes y crear un terreno fértil para futuros conflictos políticos y sociales.
En conclusión, mientras que el intento de motín liderado por Zúñiga representa un grave atentado contra la democracia boliviana, también sirve como un indicador de problemas más profundos en la sociedad y economía del país. Es imperativo que todos los actores políticos y sociales no solo reafirmen su compromiso con los principios constitucionales y los procesos democráticos, sino que también aborden de manera urgente y transparente los desafíos económicos que enfrenta Bolivia. Solo a través de un enfoque integral que considere tanto la estabilidad política como el bienestar económico se podrá garantizar un futuro próspero y democrático para el pueblo boliviano.
