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Violencia e inseguridad en Puebla son insostenibles: Rodrígo Abdalá

Violencia e inseguridad en Puebla son insostenibles: Rodrígo Abdalá

Redacción | Ciudad de México.
Ante la alarmante escalada criminal que se ha dado en Puebla durante los últimos días, es menester reflexionar y preguntarnos qué es lo que llevó a este punto en que la violencia e inseguridad en nuestro estado se han tornado insostenibles, aseveró el diputado federal de Morena Rodrigo Abdala Dartigues.

 

“Si la inmensa cantidad de recursos públicos destinados en los últimos 7 años para construir obras de poca funcionalidad y escaso beneficio social –pagadas con un sobrecosto de hasta 8 o 10 veces su valor–, mejor se hubieran asignado a fomentar el desarrollo regional, no estaríamos lidiando con las consecuencias del incremento de las actividades ilícitas y criminales asociadas al robo y venta de combustible mejor conocido como ‘huachicol’”.

 

En ese contexto, señaló que el costo de la corrupción del gobierno de Rafael Moreno Valle se estima en 25 mil millones de pesos (a razón de poco más de 4 mil 166 millones por año), los cuales pudieron destinarse al desarrollo económico, así como al fomento y creación de cadenas productivas, que generen los empleos dignos y bien remunerados que se necesitan en los 31 municipios que comprenden la región de Ciudad Serdán, donde se encuentra la franja del “huachicol”.

 

En cambio, agregó, parte de ese dinero se destinó a costear actos de dudosa legalidad como la publicidad proselitista de Rafael Moreno Valle a nivel nacional. “Es así que la corrupción del gobierno estatal es una de las principales causas del incremento de la violencia criminal en la entidad”, subrayó.

 

Abdala Dartigues sostuvo que la otra causa del aumento de la violencia e inseguridad, es la ausencia de acciones preventivas oportunas. “Por ejemplo, desde 2005 Vicente Fox estuvo obligado a realizar inversiones para implementar tecnología de punta orientada a detectar y prevenir el robo de combustible, como se lo ordenó el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de ese año, pero incumplió”.

 

Resaltó que el entonces presidente Felipe Calderón también fue advertido por el Grupo Directivo del Sistema de Gestión por Procesos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la necesidad de programar inversiones específicas en tecnología para inhibir y prevenir el robo de combustible, justo en el momento en que el país contaba con el mayor monto de ingresos petroleros de su historia y cuando las tomas clandestinas no eran más de 400 en todo el país.

 

“Pero hoy, de acuerdo con datos de PEMEX Logística, las tomas clandestinas pueden llegar a un número cercano a las 6 mil 200 y en Puebla se concentra el 60 por ciento de esas tomas”, señaló el también integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados.

 

Asimismo, consideró que haber solicitado la intervención de 2 mil 500 efectivos militares y permitir su irrupción al interior de las comunidades, es un acto de enorme gravedad y torpeza que responde a la desesperación, pero no a una estrategia planificada de combate al crimen. “Nos parece muy alarmante esta decisión, porque estamos ante el preludio de que en Puebla se repliquen acontecimientos como los de Tlataya, en el Estado de México, o de Tanhuato, en Michoacán”.

 

El diputado Rodrigo Abdala expresó que, de manera irresponsable, se determina arriesgar la vida de soldados y civiles inocentes, y que los lamentables hechos ocurridos en Palmarito Tochapan, advierten que el Ejército tiene la instrucción de intimidar y avasallar a las comunidades y esa, de ningún modo, puede ser una solución.

 

“Los efectivos militares deben estar ahí para resguardar y vigilar los ductos; inhibir las extracciones clandestinas, y detener en flagrancia a los delincuentes, pero no para irrumpir violentamente en nuestros pueblos. Se deben efectuar labores de inteligencia que desmantelen la red de información y protección con la que cuentan los ‘huachicoleros’, por parte de la policía estatal y federal y también al interior de PEMEX”.

 

Ante el aumento de la violencia en el estado de Puebla, opinó que el Gobierno local debe hacer prevalecer el Estado de Derecho en el caso del monstruoso y brutal asalto y ataque a la familia Vázquez en la Autopista México-Puebla,

 

Sin embargo, reclamó, lejos de brindar a esa familia la atención y apoyos institucionales y económicos a los que le obliga la Ley General de Víctimas, el Gobierno estatal optó por criminalizar a las víctimas induciendo la percepción de que se trató de una venganza entre “huachicoleros”, lo cual resulta igual de monstruoso e inadmisible.

 

Finalmente, consideró que si el Gobierno de Puebla es el que ha solicitado los operativos del Ejército, entonces debe ofrecer apoyo económico a las familias de los militares fallecidos, al igual que a los deudos de los civiles inocentes, que no tienen relación con los delitos relacionados con el “huachicol”.

 

“La responsabilidad de esta crisis es el resultado de la irresponsabilidad y corrupción de loa gobiernos del PAN”, concluyó.