Por Vix ia
Caminar por las calles de la Ciudad de México es, en muchos sentidos, como participar en una tómbola diaria: nunca sabes si volverás a casa sin haber sido víctima de un asalto, una extorsión, un robo al transporte o un crimen sin nombre. Vivimos en una ciudad donde el miedo se ha vuelto rutina, y la inseguridad, una compañía constante.
A pesar de los informes oficiales que aseguran una baja en ciertos delitos de alto impacto, la percepción ciudadana no coincide. Y no es solo percepción: son testimonios, videos, denuncias y cifras independientes que evidencian una realidad paralela a la narrativa gubernamental. En el Metro, en las calles de colonias como la Doctores o la Narvarte, en el Centro Histórico, en Tláhuac o Iztapalapa, los delitos se siguen cometiendo a plena luz del día. Las cámaras están, sí, pero la respuesta institucional parece llegar siempre tarde… si llega.
La seguridad, dicen, es responsabilidad compartida. Pero cuando las autoridades abandonan su papel o lo cumplen solo de manera cosmética, el ciudadano termina cargando con la culpa de su propia indefensión. “No traigas el celular en la mano”, “no salgas tan noche”, “no uses el cajero solo”, “no te subas al taxi de la calle”. Nos han hecho creer que la seguridad depende más de nuestra cautela que de la eficiencia del Estado.
Y mientras tanto, el crimen se organiza. Los cárteles han mutado sus operaciones a las entrañas de la ciudad, diversificando su control: cobro de piso, narcomenudeo, extorsión. Las autoridades, por su parte, se enfrentan a este monstruo con herramientas desgastadas, con cuerpos policiacos infiltrados o rebasados, y con una Fiscalía lenta y saturada.
La Ciudad de México, a pesar de ser la capital del país, no escapa a las dinámicas que vemos en otras regiones golpeadas por la violencia. Aquí también hay territorios marcados, zonas de silencio, vecinos que prefieren no hablar. Aquí también hay omisiones, pactos implícitos y una impunidad que sigue alimentando al monstruo.
¿Entonces qué nos queda? Exigir. Exigir con la voz, con la organización vecinal, con la denuncia, con el voto. Porque si no recuperamos el derecho básico a transitar sin miedo, ninguna otra política pública será suficiente. La seguridad no debería ser un privilegio de ciertas zonas ni una promesa electoral: debería ser una garantía para todos. Y hoy, tristemente, no lo es.
