Por: Dafnys Guzmán B.
La actual crisis multidimensional que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia requiere un análisis profundo de los factores estructurales que han configurado el declive económico, social e institucional del país. Desde una perspectiva de ciencia política, jurídica y de gobernanza, es fundamental examinar los elementos que han erosionado la legitimidad estatal y la estabilidad democrática.
El Quiebre del Modelo Neoliberal (2000-2005). Antecedentes Históricos: De la Transición Post-Neoliberal a la Crisis Actual
El periodo previo a la Asamblea Constituyente estuvo marcado por una serie de convulsiones sociales que evidenciaron el agotamiento del modelo neoliberal implementado desde los años 80. La Guerra del Agua (2000), la Guerra del Gas (2003), y las movilizaciones de octubre de 2003 que derivaron en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, configuraron un escenario de crisis de legitimidad que demandaba una refundación del Estado.
La Asamblea Constituyente y la Refundación Estatal (2006-2009)
La Asamblea Constituyente, instalada en 2006, representó un intento de transformación estructural del Estado boliviano. Sin embargo, el proceso constituyente reveló las profundas divisiones regionales, étnicas y políticas del país. La crisis de la “Media Luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) evidenció la polarización territorial entre el occidente andino y el oriente amazónico-chaqueño.
Los departamentos de la Media Luna, que concentraban gran parte de la producción agroindustrial e hidrocarburífera, desarrollaron una agenda autonómica que colisionó frontalmente con el proyecto centralista del MAS. Los cabildos autonómicos, los referendos departamentales por las autonomías (2008), y la crisis de septiembre de 2008 que culminó con los eventos de Pando, configuraron un escenario de confrontación que amenazó la unidad territorial del Estado.
La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, estableció el Estado Plurinacional como marco institucional, pero su implementación se caracterizó por una progresiva concentración del poder y la marginación de sectores opositores, particularmente de las élites regionales orientales.
El Rol de los Movimientos Sociales en la Gobernanza
Los sindicatos de indígenas, originarios y campesinos adquirieron un protagonismo inédito en la estructura de poder del Estado Plurinacional. Esta configuración, si bien representó una ampliación de la participación política de sectores históricamente excluidos, también generó una forma de gobernanza corporativa que limitó la pluralidad democrática y la institucionalidad estatal.
Los Clivajes Sociales y la Amenaza a la Constitucionalidad
El Estado Plurinacional enfrenta profundos clivajes sociales que atentan contra la constitucionalidad y la cohesión nacional:
Clivaje Étnico-Cultural: La polarización entre el proyecto indigenista del MAS y los sectores mestizo-criollos ha generado una fragmentación identitaria que trasciende lo político. La instrumentalización de las diferencias étnicas para fines electorales ha debilitado el carácter plurinacional del Estado, convirtiendo la diversidad en fuente de conflicto antes que de fortaleza.
Clivaje Regional-Territorial: La contraposición entre el occidente andino y el oriente amazónico-chaqueño ha configurado una geografía política fragmentada. Los departamentos de la Media Luna han desarrollado identidades regionales que, en momentos de crisis, cuestionan la autoridad del gobierno central y la unidad territorial del Estado.
Clivaje Socioeconómico: La distribución desigual de los recursos económicos entre el sector rural campesino-indígena (base electoral del MAS) y los sectores urbano-profesionales y empresariales ha generado tensiones redistributivas que afectan la gobernabilidad democrática.
Clivaje Ideológico: La polarización entre el proyecto “socialista comunitario” del MAS y las corrientes liberal-democráticas ha impedido la construcción de consensos básicos sobre el modelo de desarrollo y la organización estatal.
Estos clivajes se han agudizado por la utilización del aparato estatal para favorecer a determinados sectores sociales, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley y generando fracturas sociales que amenazan la estabilidad democrática.
Análisis de la Crisis Institucional
La Ley 031 y la Descentralización Administrativa Fallida
La promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 031) en 2010 representó el intento de operativizar el régimen autonómico establecido en la Constitución. Sin embargo, esta normativa se convirtió en un instrumento de re-centralizacióndisfrazada, limitando las competencias autonómicas y manteniendo el control central sobre los recursos económicos y las decisiones estratégicas.
La implementación de la Ley 031 evidenció la paradoja del Estado Plurinacional: mientras se reconocían formalmente las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas, en la práctica se consolidaba un modelo híper-centralizado que concentraba el poder político y económico en el nivel central. Esta situación generó tensiones permanentes entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas, particularmente con los departamentos de la Media Luna.
Erosión de la Institucionalidad Democrática y Violación Normativa
La gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) se caracterizó por una progresiva erosión de los mecanismos de control horizontal y vertical del poder. La instrumentalización de las instituciones estatales, la cooptación del sistema judicial, y la limitación de la oposición política configuraron un escenario de democracia electoralmente competitiva pero institucionalmente deficitaria.
La Problemática de la Reelección de Evo Morales: Una Crisis Constitucional
El caso más emblemático de la violación normativa se materializó con la candidatura de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial. La Constitución Política del Estado, en su artículo 168, establece claramente que “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.”
Esta disposición constitucional fue sistemáticamente violentada mediante:
Esta crisis constitucional culminó con las elecciones de octubre de 2019, donde las irregularidades en el proceso electoral, documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), generaron una crisis de legitimidad que derivó en la renuncia de Morales y un periodo de transición política.
Ausencia de Políticas de Estado Multipartidistas
La primacía de la ideología partidaria sobre la construcción de consensos nacionales ha impedido el desarrollo de políticas de Estado de largo plazo. Esta situación se ha traducido en una gestión pública centrada en la distribución de bonos y subsidios, sin una estrategia integral de desarrollo económico y social.
Debilitamiento del Control Social y Instrumentalización de Clivajes
Los mecanismos de control social establecidos en la Constitución se han convertido en instrumentos de legitimación del poder gubernamental, perdiendo su función de fiscalización y participación ciudadana efectiva. Esta situación ha contribuido al deterioro de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Paralelamente, la instrumentalización política de los clivajes sociales ha generado un fenómeno de “constitucionalidad selectiva”, donde la aplicación de la Constitución depende de consideraciones políticas antes que jurídicas. Esto se evidencia en:
La Crisis Económica Estructural. Declive del Sector Hidrocarburífero
El modelo económico del Estado Plurinacional se sustentó en los ingresos extraordinarios generados por los hidrocarburos durante el boom de commodities (2006-2014). Sin embargo, la falta de inversión en exploración, la politización de YPFB, y la ausencia de políticas de diversificación productiva han resultado en una caída dramática de la producción gasífera.
Indicadores de Crisis Social. Los datos oficiales revelan una situación social alarmante:
Desequilibrios Macroeconómicos
La gestión fiscal expansiva, sustentada en el gasto público sin respaldo productivo, ha generado presiones inflacionarias, escasez de divisas, y un deterioro progresivo de las cuentas públicas. La falta de reservas internacionales y la crisis del sector externo han profundizado la vulnerabilidad económica del país.
Prospectiva Política: Escenarios Electorales 2025-2028. Incertidumbre Electoral y Fragmentación Política
El proceso electoral de 2025 se desarrolla en un contexto de alta incertidumbre política, crisis económica, y debilitamiento institucional. La fragmentación del oficialismo, la emergencia de nuevos liderazgos, y la polarización social configuran un escenario electoral complejo y potencialmente desestabilizador.
Desafíos de Gobernabilidad y el Fantasma de la Reelección
El próximo gobierno enfrentará desafíos estructurales que requerirán consensos políticos amplios:
Un elemento que genera particular incertidumbre es la persistente intención de Evo Morales de postularse nuevamente a la presidencia, lo que constituiría una nueva violación constitucional. Esta situación plantea serios interrogantes sobre:
La persistencia de estos clivajes no resueltos, sumada a la crisis económica y la violación sistemática del marco constitucional, configura un escenario de alta volatilidad política que amenaza tanto la estabilidad democrática como la unidad territorial del Estado.
Conclusiones y Recomendaciones
La crisis actual del Estado Plurinacional de Bolivia trasciende la coyuntura política y requiere una transformación estructural del modelo de desarrollo y gobernanza. Es fundamental:
La superación de la crisis actual requiere un esfuerzo colectivo de las fuerzas políticas, los movimientos sociales, y la ciudadanía para construir un proyecto nacional que combine estabilidad democrática, desarrollo económico, justicia social y respeto incondicional al marco constitucional.
En este año del Bicentenario de Bolivia, cuando conmemoramos 200 años de vida republicana, nos encontramos ante la paradoja histórica de celebrar nuestra independencia mientras enfrentamos una de las crisis más profundas de nuestra historia como nación. El legado de los libertadores que forjaron nuestra patria nos convoca a reflexionar sobre el rumbo que hemos tomado y nos desafía a reconstruir el Estado sobre los cimientos sólidos de la democracia, la justicia y la unidad nacional. Solo así podremos honrar verdaderamente el sacrificio de quienes nos dieron la libertad y garantizar que las futuras generaciones hereden un país próspero, justo y democrático.
