Redacción | México D.F.
Desde la LX legislatura a la fecha hay 288 expedientes de solicitudes de juicios políticos presentadas a la Cámara de Diputados, que no han sido turnadas a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, denunció el diputado del PRD Omar Ortega Álvarez. Por ello en un propuso un punto de acuerdo en el que exhorta al Secretario General de la soberanía a cumplir dicha obligación.
En agosto pasado, el grupo parlamentario presentó ante la Comisión Permanente una demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por violaciones constitucionales graves en materia de derechos humanos, leyes sobre protección de víctimas y de seguridad pública.
El 24 de septiembre se interpuso un proceso contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, debido a que en uso de sus responsabilidades afectó la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad que debió observar en el desempeño de su cargo como servidor público.
Ambos expedientes forman parte del paquete que no ha sido entregado a las comisiones correspondientes. Esto, a pesar de cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que dicta: “Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente”.
Ortega Álvarez recordó que en la Constitución se estipula la Cámara tiene la facultad de sustanciar la declaración de acusación de juicio político ante el Senado, lo cual no se puede cumplir en los casos de Duarte y de Ortega debido a que los expedientes parecen estar ocultos en algún lado.
“Solicitamos que haya transparencia respecto a los asuntos que son parte de nuestra responsabilidad constitucional y legal para que podamos cumplir con nuestras obligaciones”, dijo el parlamentario.
Un amparo promovido por un ciudadano en contra de la Cámara de Diputados por su negativa a dar trámite a su solicitud de juicio político en contra del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines, un juez emplazó a cumplir con la orden, la cual no ha sido resuelta y coloca al órgano legislativo en desacato.
“Debemos desterrar esa inercia de negligencia y opacidad que ha imperado en los últimos años”, expresó el legislador.
