Redacción | Ciudad de México.
Enrique Peña Nieto y el PRI en el Congreso deben de dejar ser cómplices de personajes sobre quienes pesan demandas 198 de juicio político, entre ellas la del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza y diputados ex colaboradores del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, exigió el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.
El secretario de la Comisión de Gobernación afirmó que el titular del Ejecutivo actúa como cómplice al ignorar las múltiples observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre constantes anomalías halladas en el desarrollo de infraestructura a cargo de la SCT, lo cual ha representado pérdidas multimillonarias al país.
También es omiso e insensible a la tragedia generada por el socavón en el tramo carretero Paso Express de Cuernavaca, en el cual murieron dos personas debido a una deficiencia en la obra por la cual el gobierno pagó más del doble y el principal responsable, el titular de Comunicaciones, descarga las culpas en particulares y en funcionarios menores, añadió.
El 28 de junio Hernández Soriano presentó la demanda de juicio político en contra de Ruiz Esparza por violaciones graves a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sustentadas en información de la ASF y en denuncias de diversas instancias de la sociedad civil por irregularidades en los procesos de licitación, ejercicio de recursos públicos y construcción de obra.
Añadió que con base en que con base en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ruiz Esparza “no atendió con diligencia las responsabilidades previstas por la norma suprema en materia de derechos humanos y ejercicio del servicio público, de sus leyes reglamentarias en materia de obras y exhaustividad en la licitación de las concesiones de carreteras”.
Al titular de la SCT, que presume haber trabajado las últimas cuatro décadas en la función pública, se le responsabiliza de “actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo como servidor público”, indicó.
Hernández Soriano, quien además preside la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto –obra a cargo de la SCT- e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, indicó que la demanda de juicio político en contra de Ruiz Esparza incluye la solicitud para que “sea inhabilitado en el desempeño de funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
Sin embargo, Peña Nieto actúa con omisión en el caso Ruiz Esparza y se involucra aún más en esa complicidad porque el mandatario anunció la obra más costosa y grande de su administración, el nuevo aeropuerto internacional, sin contar con toda la planeación exigible para destinar recursos públicos, a lo que se suman daños ambientales y afectaciones a comunidades aledañas a las minas de donde se extrae material para construir el aeropuerto, explicó.
El diputado federal del PRD exigió a la bancada del PRI a no frenar las solicitudes de juicio político, ya que ellos son quienes presiden las comisiones de Gobernación y la de Justicia, las cuales también protegieron con la inmunidad del fuero a diputados que fueron colaboradores de Javier Duarte y sobre quienes también hay denuncias de complicidad en el desvío de recursos públicos.
Peña Nieto busca proteger a su hombre de negocios que es el secretario de Comunicaciones, por eso lo pretenden incluir en las listas de plurinominales para el Senado en el próximo proceso electoral, agregó.
El presidente de la República debe tener en cuenta que exhibe su complicidad y un doble discurso sobre el combate a la corrupción; no claudicaremos en recurrir a todos los mecanismos legales para que las denuncias sean atendidas a pesar del bloqueo del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó.
El legislador hizo un recuento de los expedientes de juicio político pendientes, que suman 198 después de que tuvo que ampararse y ganar el amparo para que después de 15 años se instalara la Subcomisión de Examen Previo e iniciara la depuración de 364 expedientes; sin embargo, nuevamente han frenado los trabajos legislativos.
