Redacción | México D.F.
Con el fin de evitar el acarreo el día de las elecciones, el Grupo Parlamentario de Morena propuso una iniciativa, en materia de delitos electorales cerrar las posibilidades de coacción del voto mediante el acarreo en taxi, como ocurrió en la pasada elección.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez presentó ante la Junta de Coordinación Política una iniciativa para quien e organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto. En el caso de que sea utilizado el servicio público de transporte para el acarreo de personas, se cancelará la concesión otorgada para prestar dicho servicio, cuando se acredite la comisión del delito.
Por ello enfatiza que es necesario reformar cuanto antes la legislación con objeto de evitar las prácticas que impidan el avance democrático, como las del pasado 7 de junio de 2015, las cuales evidenciaron que nuestro sistema de competencia electoral requiere ser ajustado para erradicar conductas que incidan y coaccionen la voluntad popular.
Así mismo el legislador señala que se debe terminar con las tarjetas Monex, despensas, o regalos a los votantes; “la ley prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores; contratar propaganda en cualquier modalidad, por sí o por interpósita, o bien, que se entregue u oferte algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio” indica el documento.
La propuesta destaca que la pasada jornada electoral del 7 de junio de 2015, en toda la República Mexicana, la libertad autonomía, equidad y legalidad fueron vulneradas con la conducta de algunos partidos políticos. Vimos que las hipótesis delictivas que tienen como propósito salvaguardar la voluntad popular resultaron insuficientes, pues ante la falta de disposición legal que lo prohibiera, éstos estuvieron haciendo uso de taxis del servicio público para disimular el acarreo de votantes a las casillas donde emitirían su voto.
Y aunque ley General en Materia de Delitos Electorales prohíbe el acarreo de votantes, pues es claro que se pretende orientar e incidir en el voto, diversas son las hipótesis que sancionan conductas relacionadas con la jornada electoral, entre ellas, el artículo 7 de la Ley citada, dispone que se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años.
Es necesario corregir errores y superar las lagunas de la ley, pero igualmente cerrar el paso a las trampas y argucias de quienes por la fuerza y no por el favorecimiento de votos pretenden imponer su voluntad por encima de la expresión ciudadana.
