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Respecto a los hechos de Tlatlaya, en los que 22 personas fueron privadas de la vida, diversos medios de comunicación han corroborado en los expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la ausencia de información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) acerca de la estructura de mando y las acciones por parte de autoridades militares en el contexto de esos trágicos acontecimientos.
Las respuestas han sido diversas por parte de la SEDENA y sus integrantes: se ha declarado que los documentos sobre la cadena de mando son inexistentes; se ha afirmado que el asunto corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR), al encabezar la investigación en el ámbito penal; se ha declarado la información solicitado como reservada, sin que se acrediten los requisitos de ley, e incluso se han tramitado recursos judiciales para evitar la publicación de los datos.
El Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar en la investigación de los hechos de Tlatlaya, ha solicitado a PGR y a la SEDENA formalmente la información sobre la cadena de mando del 102 Batallón de Infantería y datos sobre los elementos militares que estuvieron directa o indirectamente involucrados en los acontecimientos, además de los siete elementos que se encuentran en prisión. Aún no hemos recibido ninguna información.
Tanto la revista Proceso como el equipo de la periodista Carmen Aristegui han revelado estos días las contradicciones y omisiones acerca de la cadena de mando: se dice que el día de los hechos podrían haber estado presentes hasta 55 elementos del Ejército y 21 de la Marina. Ante ello, es necesario que las autoridades federales y el Gobierno del Estado de México hagan pública toda la información acerca de actos y omisiones contrarios a derecho por parte de los servidores públicos, en consonancia con las decisiones de la CNDH y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI).
No cabe duda que las relaciones cívico-militares acordes con un marco democrático requieren máxima transparencia y rendición de cuentas, lo que redunda en el fortalecimiento de la institucionalidad de las fuerzas armadas. Por ello, los poderes públicos deben colaborar para atenderlas demandas de la ciudadanía y de diversas organizaciones nacionales e internacionales acerca del esclarecimiento de la actuación de los elementos castrenses en el caso Tlatlaya y otros acontecimientos en donde se han vulnerado los derechos humanos.
