El diputado Raymundo García Gutiérrez aseguró que uno de los propósitos de la reforma hacendaria era impulsar el crecimiento económico para que de manera equitativa se pudiera dar una repartición de la riqueza; sin embargo, ha sido todo lo contrario, porque se ha generado un déficit en las pequeñas y medianas empresas.
En la primera ronda de preguntas en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, en el marco del análisis del VI Informe de Gobierno, el legislador del PRD dijo que “hemos sido testigos de que los únicos beneficiados han sido los grandes monopolios, como siempre, debido a que poder adquisitivo les permite la contratación de grandes firmas de despachos fiscales. Valiéndose de artimañas han logrado evadir por muchos millones de pesos en sus obligaciones fiscales”.
Lo anterior, dijo, implica la afectación de manera directa del pequeño contribuyente sobre las grandes empresas, poniendo en riesgo la economía de las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen el mercado local, que es base de nuestra hacienda pública.
“¿Cuál ha sido la razón por la que a cinco años de la implementación de la reforma estructural hacendaria sólo se ha beneficiado a las grandes empresas sobre el pequeño contribuyente?”, preguntó y señaló que el titular de Hacienda escondió los datos al respecto.
“Los datos que proporcionó esconden lo que todos sabemos, son los mismos de siempre los que pagan los impuestos y las grandes empresas si bien es cierto que están contribuyendo más, están muy lejos de contribuir lo que en materia de justicia les corresponde”, añadió.
En ese sentido, señaló que con la Reforma Fiscal se siguen acentuando los beneficios a las grandes empresas. Por ejemplo, si bien, eliminó el régimen de consolidación fiscal, aún hay medidas que les da ventajas notables a las grandes empresas para subsistir.
Pidió implementar medidas para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan subsistir y crecer; es momento de que Hacienda deje de tener sólopúblico cautivo de contribuyentes y tome acciones necesarias para evitar los abusos y la legalidad.
Respecto al incremento de las tarifas de las autopistas, señaló que no es justo que a tres meses de finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto se dé un aumento, el cual vino a repercutir en los bolsillos de los mexicanos más pobres: con ello se elevaron el pasaje y los precios de la canasta básica.
Afirmó que la calidad de las carreteras en México es muy mala, carece de servicios que estén a la altura del costo de peaje posicionándolas como de las más caras del mundo. Y por tanto no merecían un incremento de precio.
El ajuste de las tarifas de las carreteras fue injusto porque precisamente hay obras inconclusas y falta de mantenimiento a la carpeta asfáltica. Por ello, subrayó que el GPPRD velará porque se anteponga el interés de la ciudadanía, antes de tomar estas medidas.
Por último, el diputado García Gutiérrez cuestionó la práctica del outsourcing, que ha dañado al trabajador dejándolo sin seguridad social, sin su derecho al crédito de Infonavit, a su ahorro para el retiro y a su participación en las utilidades de las empresas. Además, ha mermado el ingreso tributario.
Los más beneficiados en el caso de la figura outsourcing son las empresas contratantes de estos servicios, quienes no tienen una responsabilidad solidaria con los trabajadores que indirectamente laboran para ellos.
Comentó que la defraudación fiscal en empresas outsourcing impactan la productividad de las empresas que contratan estos servicios y por ende lastima a los trabajadores de éstas, causando daño colateral a los ciudadanos que dependen de esta economía para subsistir.
Miles de empresas en el país se dedican a dar estos servicios de terceriarización, sólo 16 están dadas de alta ante la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que son aquellas que cumplen con la aprobación por un despacho internacional en su código de ética, proceso de reclutamiento y la alineación de sus procesos legales de contratación ante Hacienda y el IMSS.
En el 2016 el SAT reclamaba el cobro de más de 8 mil millones de pesos que evadieron empresas outsourcing. Se encuentran también las empresas que deducen operaciones simuladas y las empresas que facturan operaciones simuladas comúnmente denominadas empresas fantasmas que se ocupan de manejar los saldos positivos que genera la empresa al retener el impuesto que se les cobra a los trabajadores, pero no se reporta al fisco, precisó.
