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SSP se reserva información de fotomultas por siete años: MC

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Redacción | Ciudad de México
La dirigencia de Movimiento Ciudadano en el DF, anunció hoy que en respuesta a una solicitud de Acceso a la Información Pública, fueron reservados por seis años y nueve meses datos del contrato que la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF) suscribió con la empresa Autotraffic para aplicar las llamadas fotomultas en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, la presidenta de Movimiento Ciudadano en el DF, Esthela Damián Peralta, acompañada de Benjamín Cárdenas García y Fernando Ortiz Cervantes, integrantes de la Comisión Operativa, precisaron que la solicitud de información consistió en la presentación de toda la documentación del contrato que la SSPDF celebró con la empresa Autotraffic con motivo de las denominadas fotomultas; convocatoria, bases de la licitación, propuestas técnicas y económicas, así como fallo de la licitación. Además del Anexo Único al que en múltiples ocasiones se hace referencia en el citado contrato.
Indicaron que la respuesta de Nayeli Hernández Gómez, directora Ejecutiva de Transparencia y Responsable de la Oficina de Información Pública de la SSPDF, fue que en la segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia llevada a cabo el pasado 2 de febrero, fue aprobada por unanimidad la restricción de la información reservada por seis años y nueve meses contenida en el Anexo Técnico del contrato con la empresa Autotraffic.
Los dirigentes de Movimiento Ciudadano indicaron que el principal argumento para reservar el contenido de dicho Anexo, fue que la solicitud de información se refiere a especificaciones técnicas que de darse a conocer, revelarían especificaciones técnicas relativas al funcionamiento operativo del sistema de fotomultas, el cual podría ser vulnerado, intervenido, manipulado y susceptible de ataques o alteración mediante hackeo en su correcto funcionamiento.
Al respecto, adelantaron que harán valer su derecho de interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del DF (INFODF).
Asimismo, revelaron que otra solicitud de Acceso a la Información Pública puso al descubierto la inexistencia del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Pública en el DF, el cual debió haberse instalado para el caso de las fotomultas.
Refirieron que la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del DF, establece que una de las funciones del Consejo Asesor es precisamente diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos y sistemas tecnológicos por la SSPDF y la PGJDF.
A estas anomalías, la dirigencia de Movimiento Ciudadano sumó un segundo contrato de subrogación multianual que el pasado 2 de octubre, la SSPDF firmó con la empresa Inteltráfico S. A. de C. V., a efecto de imponer multas por medio de los llamados cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad.
Así como un Addendum aclaratorio que, al igual que ocurrió con la empresa Autotraffic,  tuvo como propósito precisar que el servicio contratado no es para que infraccionen a los conductores, sino “proveer de documentos como fotografías, datos de identificación de los vehículos, fecha, hora y ubicación geográfica, del momento en que se presume que los conductores comenten una falta al Reglamento de Tránsito”.
En las proyecciones para alcanzar el techo presupuestal, se indica que la captación de multas mensuales por equipo del 2015 al 2017 será de 6 mil 674 con un porcentaje fijo de cobro por multa de 44.8%, mientras que el monto máximo a ejercer en 2015 será de 42 millones 391 mil pesos; 138 millones 148 mil pesos, en 2016; y 139 millones 272 mil pesos en 2017.
Los líderes de movimiento naranja afirmaron que todo esto es una muestra de que es totalmente falsa la supuesta transparencia que ha presumido el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y su secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, sobre el contrato que firmaron con la empresa Autotraffic, deslizando la sospecha del claro interés que tuvieron de beneficiar a empresarios del estado de Puebla, de donde es originario el jefe policíaco.

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