Redacción | México D.F.
El diputado federal por Nuevo León, Daniel Torres Cantú, destacó la urgencia de cambiar la dinámica para la aplicación de las políticas públicas en materia social, sin soslayar aquellas comunidades que no pertenezcan a regiones con niveles altos de pobreza, para proteger a todos por igual y lograr el principio de universalidad, que debe regir la política social.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, propuso reformar el artículo 32 Constitucional, para consignar un mandato de optimización que elimine el límite máximo de 70 por ciento de los recursos de un programa social, exclusivamente a la población de las zonas de atención prioritaria.
De esa forma pretende incorporar, como obligación constitucional, que la política de desarrollo social se sujete al principio de universalidad de los derechos humanos; “es decir, de todas las personas por igual, sin distinción de ninguna especie, y a su vez, crear mecanismos reforzados de garantía, a través del establecimiento de porcentajes fijos destinados al combate de zonas de atención prioritaria, favoreciendo el principio de universalidad en todo momento”.
El legislador priista resaltó que al incorporar este principio, se combatiría la desigualdad estructural que prevalece en la sociedad mexicana y que no ha sido mitigada con el combate focalizado geográficamente de la política social como se ha visto en los últimos años.
