El visionario Mx | México D.F.
En el marco de la “Jornada Internacional contra la Desaparición Forzada y el Genocidio”, la diputada por el Partido del Trabajo (PT) Magdalena Núñez Monreal evidenció que estos temas están pendientes en la Agenda Legislativa de la Cámara de Diputados, por lo cual agradeció la presencia de los excelentísimos embajadores en México de: Azerbaiyán, Turquía, Ucrania, Eslovaquia, Bulgaria, Pakistán y Georgia, y de sus eminencias, arzobispos Antonio Chedraui y Fadi Rabbat, ya que, dijo, sus aportaciones serán de gran utilidad para enriquecer las iniciativas necesarias que fortalezcan el Estado de Derecho.
La petista sostuvo que el evento adquiere mayor relevancia puesto que se da en el contexto del informe rendido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU relativo a México, cuyas conclusiones han sido descalificadas por el gobierno federal a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
“Me parece oportuno, por lo tanto reflexionar sobre las conductas a todas luces reprobables de la desaparición forzada de personas y del genocidio, a partir del fondo que las motiva, la violación al principio fundamental de la dignidad humana”, acotó.
Añadió que el principio de la dignidad humana debe mover a los legisladores en la actualidad para legislar con relación a la desaparición forzada y el genocidio, puesto que la dignidad es un valor en que identifica al ser humano independientemente de sus calificativos.
Explicó que todo orden jurídico que se construya para combatir la afrenta de cualquier sistema político que desconozca el valor de la vida, tiene que sustentarse en el valor de la dignidad humana frente al Estado.
“Siguiendo a la maestra Adela Cortina, autora del libro Ética de la Razón Cordial, coincido en que las declaraciones de derechos humanos tienen su razón de ser en el reconocimiento de que cada persona es un fin en sí mismo y, la reacción de la sociedad mexicana, a la criminalidad expuesta en Guerrero y en otras partes de nuestro territorio nacional, debe ser el fortalecimiento de la protección a los derechos humanos, en el ámbito federal y local, tanto en su orden jurídico, como institucional”, puntualizó.
En su conclusión, la legisladora recordó que en México el concepto de dignidad aparecía en varios artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 con relación a la educación, a la familia y al desarrollo nacional, pero no fue sino con las reformas del 14 de agosto de 2001 y del 10 de junio de 2011, que se acercó el principio de la dignidad humana al centro de los derechos fundamentales del hombre, pues aunque el último párrafo del artículo primero incluya a la dignidad humana como supuesto genérico que protege de la discriminación, la lectura integral del precepto coloca al principio de la “dignidad humana” como el núcleo de los derechos humanos que protege y promueve nuestra Carta Magna.
“Es precisamente a partir del reconocimiento del principio de validez universal de la dignidad humana contemplado en nuestra Constitución General, que los legisladores debemos preocuparnos por fortalecer nuestro marco normativo a favor de los derechos humanos de manera ‘intangible’, entendiendo por tal lo que no se puede ni se debe tocar”, finalizó.
