Por Dafnys Guzmán. | Bolivia.
La reciente liberación de la expresidenta interina Jeanine Áñez, el exlíder cívico Marco Antonio Pumari y el gobernador Luis Fernando Camacho irrumpe en la coyuntura política boliviana a solo días del balotaje presidencial del 19 de octubre. En esta segunda vuelta se medirán Rodrigo Paz —centro-derechista que encabeza con un 32 %— frente a Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanzó cerca del 27 %.
Más allá de lo estrictamente electoral, la decisión judicial se convierte en un parteaguas que desnuda la fragilidad del equilibrio entre justicia y política en Bolivia.
Perspectiva política-electoral
Analistas coinciden en que la liberación refleja no solo el desplome del MAS, sino también la recomposición de alianzas opositoras. Las figuras liberadas —conservadoras y con fuerte arrastre regional— irrumpen nuevamente en la esfera pública, abriendo un nuevo flanco de apoyo para Paz y Quiroga.
En este contexto, Rodrigo Paz ha insistido en la necesidad de liberar a los tres poderes del Estado de cualquier forma de prebendalismo político o persecución judicial. Su propuesta se inserta en una narrativa de recuperación de la institucionalidad, alineada con la célebre idea del barón de Montesquieu: “Para que los ciudadanos crean en la política, es indispensable que exista una división real de poderes”.
Perspectiva jurídica
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó revisar en 24 horas las detenciones preventivas, lo que derivó en:
Luis Fernando Camacho: arresto domiciliario con derecho laboral.
Marco Antonio Pumari: libertad plena.
Jeanine Áñez: su proceso debe encaminarse a un juicio de responsabilidades, reconociéndose su calidad de exmandataria.
El Gobierno anunció apelaciones, mientras la ministra de Justicia calificó la decisión de “indignante”.
No obstante, el Tribunal Cuarto de Sentencia Anticorrupción de El Alto —clave en el caso Senkata— denunció persecución previa contra sus jueces. El presidente de sala, ”r. David Kasa, recordó que fueron objeto de presiones del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y el Consejo de la Magistratura:
Con la anulación de obrados, se ratificó que Áñez debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.
Perspectiva social
Las reacciones no se hicieron esperar: opositores celebraron con caravanas y actos públicos, mientras familiares de víctimas de Senkata y Sacaba expresaron dolor y exigieron que la búsqueda de justicia por violaciones de derechos humanos no quede en la impunidad.
A la par, internos de cárceles denunciaron un trato diferenciado, reclamando igualdad procesal frente a figuras políticas de alto perfil.
Independencia judicial, ¿un nuevo horizonte?
Los líderes opositores sostienen que su detención fue persecución política bajo el MAS. Camacho aseguró que su liberación “no es una concesión, sino la recuperación de la democracia”.
El discurso judicial coincide: la independencia de jueces se presenta como pilar del nuevo escenario institucional. El propio juez David Kasa subrayó públicamente la presión sufrida y la necesidad de blindar al órgano judicial frente a injerencias políticas. Incluso en redes sociales, videos circulan reforzando esta narrativa de reivindicación de la autonomía judicial.
Conclusión
La liberación de Áñez, Pumari y Camacho no es un hecho aislado: representa la intersección entre derecho, política y memoria histórica en Bolivia. Mientras los tribunales reclaman independencia tras años de persecución, los actores políticos intentan capitalizar la coyuntura en la recta final del balotaje.
La propuesta de Rodrigo Paz de emancipar los tres poderes del Estado resuena como un recordatorio de que la democracia boliviana solo podrá consolidarse si se respeta la separación de funciones y se destierra el prebendalismo.
En un país marcado por heridas abiertas, la sociedad se enfrenta a un dilema histórico: ¿confiar nuevamente en sus instituciones o resignarse a que la justicia siga siendo rehén de la política?
