Redacción | México D.F.
México no está preparado para el retorno, por lo que se propone crear un Programa de Reinserción Integral de los migrantes y sus familias en entidades federativas.
Acompañados por la diputada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, representantes de la academia, sociedad civil y gobierno en seis estados del país presentaron los hallazgos de la investigación: “El retorno de los migrantes mexicanos de Estados Unidos a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas 2000-2012. Hacia la construcción de un Programa de Reinserción Integral de los migrantes y sus familias”, coordinado por el Dr. Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
El estudio indaga las dimensiones, modalidades e impactos del retorno de los migrantes proponer el Programa de Apoyo a la Reinserción Integral de los Migrantes Retornados y sus Familias (PARIMYF) en esos estados, como experiencia piloto para el establecimiento de un programa nacional.
Entre los resultados del estudio destaca que de 1990 a 2010 se registró un aumento significativo de retornados mexicanos a Jalisco, Guanajuato y Michoacán, zona histórica de la migración internacional, y a Veracruz, Oaxaca y Guerrero, zona emergente. La particularidad del retorno de connacionales de Estados Unidos a México, durante el periodo de 2007 a 2014, se trata de un retorno forzado por los impactos de la crisis económica en ese país o por las políticas anti-migratorias adoptadas por Barak Obama, quien ha deportado a más de 2 millones de migrantes irregulares, la mayoría de ellos mexicanos.
Entre los impactos económicos encontrados, muestran la reducción de las remesas y estancamiento en economías locales, la debilidad económica regional para generar empleos y facilitar la reinserción laboral y la disminución de las inversiones del “Programa 3×1” y las pequeñas inversiones productivas.
En México las expectativas de desarrollo de los retornados son pocas debido al crecimiento económico del 3 por ciento y una tasa de desempleo del 12 por ciento, según la medición del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en enero de 2015. Sin contar a los 14 y 20 millones de subempleados, y el 60 por ciento de la población económicamente activa ocupada en la economía informal.
Más del 50 por ciento de las personas entrevistadas salió de México rumbo a Estados Unidos porque no tenía empleo; en segundo lugar migraron para formar un ahorro, para construir una casa, comprar un terreno, poner un negocio y comprar ganado, principalmente.
En las encuestas aplicadas en Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas, el 60 por ciento refirió que regresó a México por su familia, seguido de problemas económicos de desempleo, trabajo insuficiente y dificultades para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, cuando esta información se cruzó con el trabajo cualitativo se observó que dicha respuesta encubre diversas causas incluida la deportación, la cual se oculta por temor al estigma en la comunidad pues representa el fracaso en el proyecto migratorio.
El estudio muestra un fuerte impacto familiar del retorno aun cuando el retornado sea sólo el padre de familia o los hijos mayores. Se aprecia un retorno creciente de niños, jóvenes y mujeres con necesidades y demandas específicas para su reinserción familiar y comunitaria. Esto pone en tensión los sistemas escolares estatales que no están preparados para recibir 10 mil menores en los últimos siete años como ha sucedido en Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Además, el Programa Binacional de Educación Migrante cuenta con recursos humanos, técnicos y financieros muy limitados para enfrentar adecuadamente toda la problemática de este sector creciente en los sistemas educativos estatales.
Ante el complicado panorama, los retos para alcanzar la reinserción integral de las personas de retorno, deben comenzar por lograr el respeto y aplicación de la nueva Ley de Migración y su Reglamento. Además, el actual Fondo de Apoyo Migrante (FAM) experimenta reducciones en su financiamiento ante un retorno creciente y se usa con discrecionalidad.
El país deberá construir el andamiaje institucional para atender adecuadamente a este sector que pese a su irregularidad en Estados Unidos, ha sido el soporte durante más de 40 años de transferencias de remesas por más de 300 mil millones de dólares que le han dado estabilidad económica, social y política.
Es preciso concretizar el Programa Especial de Migración, el cual sería una plataforma para el desarrollo y establecimiento del PARIMYF mediante la articulación de los tres niveles de gobierno con los demás actores involucrados en la problemática de la migración de retorno.