Redacción | México D.F.
A la mayoría de poblanos le es más urgente programas y políticas públicas de educación, salud y desarrollo para atemperar la pobreza, exclusión y marginación en que vive que costosos megaproyectos, como el Museo Internacional Barroco (MIB), por lo que la diputada Roxana Luna Porquillo demandó reconsiderar dicha obra y someterla a rendición de cuentas.
Calificó de preocupante que en medio de la severa crisis de derechos humanos en Puebla, a su vez enmarcada en una coyuntura nacional de violencia y falta de credibilidad institucional derivada de la corrupción, indiferencia e indolencia de una clase política irresponsable y omisa, el presupuesto se destine a proyectos como éste y no a la atención de necesidades más apremiantes.
Recordó que The Wall Street Journal publicó el 4 de diciembre pasado que Grupo Higa, la misma empresa de Juan Armando Hinojosa vinculada al escándalo de la “casa blanca” del titular del Ejecutivo Federal, ganó la licitación del proyecto más costoso del gobierno poblano con un estimado de siete mil 280 millones de pesos.
Aunque el gobernador Rafael Moreno Valle negó la noticia, días después se declaró ganador de la licitación al consorcio integrado por Concretos y Obra Civil -filial de Higa-, La Peninsular, Promotora de Cultura Yaxché –ambas vinculadas a Carlos Hank Rhon- y Operadora y Administración Técnica, S.A.
Conforme a lo publicado en la plataforma de compras gubernamentales Compranet, durante 23 años y cuatro meses Puebla pagará anualmente al consorcio ganador 269 millones de pesos. La cantidad resultante en ese lapso supera en 45 por ciento al presupuesto total de 2014 del municipio de Puebla, el cual fue de cuatro mil 302 millones de pesos.
Para la diputada Roxana Luna Porquillo, la determinación de realizar una obra tan costosa como ésta no sólo exhibe indiferencia e indolencia ante otras urgencias de los poblanos, sino también posibles conflictos de interés y visos de corrupción, pues las empresas integrantes del consorcio ganador ya han recibido otras asignaciones de obra por parte del gobierno poblano y presuntamente por ello se les deben miles de millones de pesos más.
A Grupo Hank, al cual el gobierno estatal le concesionó el servicio de agua potable a través de Grupo Financiero Interacciones, éste le debe tres mil 252 millones de pesos desde el sexenio pasado.
Adicionalmente se habla de su muy probable participación, a través de La Peninsular, en la construcción del segundo piso de la Autopista México-Puebla al lado de las firmas OHL y Pinfra.
“Resulta urgente atender esta situación que se ve envuelta en corrupción y poca transparencia”, afirmó Luna Porquillo, por lo que planteó al Pleno de la Cámara de Diputados exhortar a la Secretaría de la Contraloría de Puebla investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno de la entidad y los grupos empresariales Hank e Higa.
También le propuso al órgano legislativo exhortar al gobierno de Puebla a actuar con total transparencia en los procesos de licitación de obras públicas en la entidad.
“Un proceso transparente y claridad total en la rendición de cuentas de las licitaciones y construcciones de estos proyectos es necesario y urgente”, concluyó.
