Como resultado de las Brigadas de Apoyo a la Comunidad Estudiantil, implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ejerció acción penal contra un hombre relacionado con el robo a los estudiantes de una escuela ubicada en avenida Francisco del Paso y Troncoso, colonia Barrio Los Reyes, delegación Iztacalco.
En conferencia de prensa, el fiscal desconcentrado de Investigación en Iztacalco, Guillermo Luna Méndez, informó que de acuerdo con el expediente, los hechos se registraron la mañana del 26 de septiembre cuando un hombre de 22 años y dos cómplices entraron al centro educativo con un arma de fuego, amenazaron a los alumnos y les exigieron les entregaran sus objetos de valor.
Policías preventivos que acudieron al lugar, explicó, observaron que dos de los imputados, uno de ellos armado, salían de una de las aulas apuntándole los servidores públicos; uno de ellos sacó su arma de cargo y logró someterlo, mientras que el copartícipe escapó.
En la revisión preventiva, además de asegurarle el arma, le encontraron los objetos robados. Las víctimas, por su parte, lo reconocieron plenamente como la misma persona que les robo, indicó el funcionario.
El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztacalco inició la indagatoria por el delito de robo calificado en pandilla, dio intervención al personal de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Servicios Periciales para la elaboración de entrevistas a testigos y los dictámenes que incriminen al imputado.
Los agraviados fueron canalizados al Centro de Apoyo Socio Jurídico a Víctimas del Delito Violento como parte del Protocolo de Actuación y de Atención Victimal, por tratarse de hechos que atentan contra la población estudiantil y docentes de nivel medio superior y superior de instituciones públicas y privadas.
Integrado el expediente, el imputado será llevado ante un juez de control para que, en la audiencia inicial, califique como legal la detención, lo vincule a proceso y le imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
De ser declarado penalmente responsable del delito que se le imputa, este sujeto podría alcanzar una sentencia de hasta nueve años de cárcel.
