Redacción | Ciudad de México.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Vicecoordinador del GPPRD, condenó los violentos operativos desplegados por fuerzas federales y estatales contra maestros y organizaciones sociales en Nochixtlán, Oaxaca, que hasta el momento registra un saldo de 3 civiles muertos y 45 heridos; e hizo un llamado al gobierno federal a iniciar el diálogo con quienes se oponen a la reforma en materia de educación.
“Es hora de sentarse a dialogar y construir acuerdos no sólo en torno al mejor camino para instrumentar la reforma en materia de educación sino para atender los múltiples problemas sociales que lastiman al país”, indicó.
Acosta Naranjo consideró que el gobierno federal tiene la obligación política y ética de dialogar.
“Bajo ninguna circunstancia el gobierno puede negarse a dialogar, es su obligación atender reclamos de ciudadanos y grupos sociales”, insistió.
“Si países en guerra dialogan y México mismo propició encuentros de delegaciones oficiales con guerrillas de la región para coadyuvar con una solución negociada de conflictos armados resulta inaudito que aquí se nieguen siquiera a sentarse a platicar con los maestros. En democracia todos los caminos pasan por el diálogo”, sentenció el también dirigente del Grupo Galileos, integrado por nueve diputados federales y muchos otros líderes perredistas.
“La incapacidad del gobierno federal para instrumentar la reforma y su resistencias a establecer el diálogo con quienes se oponen a la reforma en materia de educación está colocando a esta legislación en un callejón sin salida. Su aplicación está entrampada en un conflicto permanente y de lo que menos se habla ahora es de la mejora de la calidad educativa”, precisó.
“Esto obedece, fundamentalmente, a la necedad del gobierno federal por imponer su interpretación de la reforma, a su falta de disposición al diálogo y a su empeño por aplicar un examen estandarizado como único componente de la evaluación”, acotó.
“La reforma tenía un objetivo principal: elevar la calidad de la educación. Para ello se hacía necesario evaluar al sistema educativo nacional, en general, y como parte del mismo, a cada una de sus componentes. Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto se empeña en ignorar el conjunto de medidas consideradas tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias para alcanzar el objetivo que se pretendía”, consideró.
Simultáneamente, añadió, “el gobierno federal concentra los recursos destinados a la educación y no asume su responsabilidad como patrón, dejando que los estados lidien con las cuestiones administrativas, la aplicación de sanciones y la resolución de conflictos laborales, particularmente con los generados por la oposición a la reforma”.
“Con estas acciones, el gobierno de Peña Nieto busca imponer la visión de la reforma que considera conveniente. El problema es que se ignora cuál visión es esta porque hasta el momento no ha acatado ninguna de las recomendaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ni instrumentado los mandatos de la reforma con una perspectiva integral”, opinó.
“Las autoridades han utilizado la reforma no para elevar la calidad de la educación y privilegiar el interés superior de las niñas y los niños sino para tener el control del magisterio, sin importarle los costos políticos, sociales, laborales y en vidas humanas que sus imposiciones están generando; y mucho menos los resultados educativos”, insistió.
Reiteró que “la reforma se tiene que arreglar dialogando y acordando, no amenazando, despidiendo y mucho menos reprimiendo a los docentes, padres de familia, ciudadanos e integrantes de las organizaciones civiles que los apoyan”.
“Si el gobierno de Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, continúan con su errónea decisión de imponer a sangre y fuego su interpretación de la reforma, corren el riesgo de despertar al México Bronco”, concluyó.
