Redacción | Ciudad de México.
Con el apoyo favorable de Acción Nacional, la Cámara de Diputados aprobó dotar de mayores herramientas a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las participaciones federales y de los estados y municipios, a fin de castigar a quienes cometan actos de corrupción.
Durante la discusión del dictamen por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al hablar en nombre del PAN, el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín dijo que mediante esta ley se actualizan y regulan las nuevas atribuciones que la reforma constitucional otorgó la Auditoría Superior de la Federación.
“El día de hoy expedimos un ordenamiento que contempla un mejor diseño institucional de los órganos que participan en la tarea de fiscalización de los recursos públicos para poder garantizar la coordinación y en, consecuencia, el fortalecimiento del desarrollo adecuado de nuestra democracia siendo un factor fundamental para evitar que la corrupción siga lastimando el desarrollo político, económico y social de nuestro país”, aseguró el legislador.
Resaltó que Acción Nacional está convencido de la necesidad y urgencia de fortalecer a la máxima autoridad responsable de la fiscalización e “instrumento indispensable para evitar que como hasta ahora los peces gordos de la corrupción sigan nadando en total libertad y ofrecer a México un futuro mejor´”.
Durante la sesión extraordinaria, agregó que se contempla un catálogo de responsabilidades de sanciones contra funcionarios públicos de todos los órdenes de Gobierno y a particulares, cuando así corresponda.
Además, faculta a la Auditoría Superior d de la Federación para presentar denuncias, al tiempo que establece un nuevo esquema de participación de la sociedad civil y la comunidad académica, los cuales podrán ser observadores del proceso de integración de la terna de la que saldrá el titular de la Unidad de Evaluación y Control.
De acuerdo al dictamen, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y, el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de estados y municipios, entre otras operaciones.
Adicionalmente, la propuesta establece la organización de la ASF, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.
