Redacción | México D.F.
La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a concertar con los prestadores de educación privada los diversos cobros para el ciclo escolar 2015-2016, a fin de reducir el impacto inflacionario y proteger la economía familiar.
El diputado Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) afirmó que “la educación no debe ni puede ser una mercancía disponible al mejor postor. Es un derecho de todas y todos los mexicanos”.
Argumentó que “es responsabilidad de la Profeco y la Secretaría de Educación Pública evitar abusos que pudieran presentarse ante una eventual espiral inflacionaria”.
Sobre todo, porque el año que comienza presenta importantes retos para la economía nacional, a causa de los factores externos como la baja en el precio del petróleo o el incremento en la paridad del peso frente al dólar. Eso “obliga a tomar las previsiones necesarias para que esta situación impacte lo menos posible a las familias mexicanas”, subrayó.
Explicó que el bajo crecimiento económico y el alza generalizada de precios afectan el consumo de bienes y servicios de las familias, obligando a muchos hogares a reorientar e incluso recortar sus gastos.
Esta situación pone en riesgo la formación educativa de casi 5 millones de estudiantes, dijo, ya que en el pasado ciclo escolar más de 20 mil alumnos abandonaron sus estudios en escuelas particulares ante la imposibilidad de pagar los costos e incrementos de las colegiaturas.
Ante ello, añadió, los particulares que prestan servicios educativos tienen la obligación de cumplir con la ley y concertar los costos de los diversos conceptos con los padres de familia y quienes ejercen la patria potestad.
Caamal Mena, al abundar en el exhorto presentado por la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Permanente, apuntó que “la educación es un tema prioritario al cual no se le debe escatimar recursos”.
La educación es un activo de altísima importancia para el desarrollo de la sociedad y debe tratarse este tema que genera incertidumbre a los padres de familia, que por alguna razón tienen a sus hijos e hijas en escuelas particulares, las cuales coadyuvan a la prestación de un servicio que es obligación del Estado proporcionarlo.
Indicó que ante la incertidumbre de los tutores, se debe reducir el impacto inflacionario ante la incapacidad del Estado de proveer la educación, ya sea en cobertura o en calidad a millones de niñas, niños y jóvenes mexicanos.
Avanzar en la profesionalización docente
Por otra parte, la Comisión Permanente avaló el exhorto para que la SEP informe públicamente sobre la programación del Plan Integral para el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales Públicas, y establezca fechas definidas para la presentación del nuevo modelo de educación normal.
El diputado José Luis Flores Méndez (PRI) argumentó que el desarrollo profesional de los maestros es un componente fundamental para transformar la educación de los alumnos y fortalecer el sistema escolar del país.
“Reconocemos el vigoroso impulso otorgado por la Secretaría de Educación Pública a esta labor de transformación con un esfuerzo sin precedente en décadas”, dijo.
No obstante, es pertinente abonar a la concreción de las perspectivas de la política pública dirigida a tal fin, por lo que destacó la necesidad de que la autoridad responsable dé a conocer la programación detallada del plan.
Flores Méndez comentó que con estas acciones el país se acerca con paso firme a lograr soluciones concretas y de largo plazo para la profesionalización de la función docente y la mejora efectiva de la calidad de la enseñanza que garantice un México más justo y competitivo.
Reubicar el teatro Julio Jiménez Rueda
Asimismo, la Comisión Permanente acreditó un punto de acuerdo para que los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), evalúen la posibilidad de reubicar a la brevedad el teatro Julio Jiménez Rueda.
La diputada del PRI, Cristina González Cruz, refirió que ese recinto cultural registra severos daños desde el sismo de 1985, y pese a los más recientes trabajos de remozamiento, es inminente su cierre.
Sin embargo, destacó la importancia de darle continuidad a dicho teatro por la gran importancia que tiene la promoción de la cultura entre los niños y jóvenes, lo cual resulta prioritario para ofrecer alternativas educativas a la población de la Ciudad de México.
kiec