La Ciudad de México ha sido históricamente un espacio de expresión política y social, un escenario donde la ciudadanía ha hecho escuchar su voz frente a autoridades y organismos de gobierno. Sin embargo, en los últimos años, la dinámica de las manifestaciones públicas ha mostrado un fenómeno preocupante: la infiltración de grupos extremistas que bandalizan y alteran el orden, independientemente del objetivo original de la marcha.
No se trata de cuestionar la legitimidad de la protesta ni de minimizar las demandas sociales; al contrario, el derecho a la manifestación pacífica es un pilar de la democracia. Pero cuando algunos actores utilizan estas movilizaciones como una excusa para destruir mobiliario urbano, atacar comercios o enfrentarse con la policía, el resultado no solo afecta la percepción pública de la causa, sino que pone en riesgo a ciudadanos inocentes y la seguridad general de la ciudad.
Este patrón de violencia evidencia varios problemas estructurales. Primero, la falta de control y coordinación institucional en la gestión de marchas y eventos masivos permite que grupos radicales aprovechen los vacíos en logística y vigilancia. Segundo, refleja un desgaste en la confianza social, donde la ciudadanía ve cómo unos pocos arruinan el esfuerzo colectivo, debilitando la legitimidad de las demandas. Finalmente, expone la necesidad de políticas públicas más integrales: desde protocolos claros de protección civil y vialidad, hasta estrategias de prevención que involucren a organizaciones sociales y líderes comunitarios.
Es urgente reconocer que la protesta pacífica y la violencia urbana no son compatibles. Las autoridades deben garantizar que los ciudadanos puedan expresar sus demandas sin temor a represalias ni a ser víctimas de la destrucción de su entorno. Al mismo tiempo, la sociedad civil tiene un papel clave: denunciar la violencia, participar activamente en la planificación de manifestaciones seguras y responsabilizar a quienes distorsionan la protesta legítima.
Si queremos una ciudad donde la libertad de expresión conviva con el respeto al espacio público y la seguridad ciudadana, es indispensable reivindicar la protesta responsable y erradicar la impunidad de quienes utilizan la manifestación como pretexto para el caos. La democracia se fortalece cuando los derechos se ejercen con disciplina y conciencia social, no cuando se convierten en herramienta para el vandalismo.
La Ciudad de México tiene una oportunidad histórica para demostrar que la protesta y la paz urbana pueden coexistir. Pero para ello, hace falta voluntad política, coordinación institucional y compromiso ciudadano, en un esfuerzo conjunto que proteja tanto la voz de quienes reclaman justicia como la integridad de quienes solo buscan vivir y transitar en la ciudad.
