Al tiempo que afirmó que el principal interés del Partido de la Revolución Democrática es garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad y los derechos laborales de los docentes, la Diputada Verónica Juárez Piña consideró que la iniciativa que propone derogar la reforma educativa se tiene que revisar a fondo porque contiene graves inconsistencias, como el “error” que propone la eliminación de la autonomía universitaria.
“Un primer análisis de la propuesta de reforma evidencia un desorden de ideas y una pobre técnica legislativa que coloca normas, discursos e intenciones en un cuerpo normativo que como lo es la Constitución, debiera ser la base para el reconocimiento de derechos y la construcción de instituciones”, consideró
Desde el punto de vista de la legisladora, la iniciativa “no parte de un diagnóstico adecuado y por el contrario propone un enredo de nuevos principios e instituciones con políticas públicas propias del ejercicio de gobierno; que cambia instituciones sin el rigor ni la claridad de las que sustituye; que redunda en algunos derechos y principios, evade otros que son elementales y enreda los tiempos de la transición de la legislación vigente a una nueva y deja en el aire el compromiso de la obligatoriedad de la educación superior”.
Juárez Piña apuntó que “el artículo tercero sigue siendo un texto defendible y necesariamente su actualización debe partir del conocimiento profundo del sistema educativo y de lo que significó la reforma de 2012-2013. Lo que definitivamente hay que eliminar es el carácter punitivo de la reforma impulsada por Peña Nieto”.
Desde su perspectiva “la fracción VII es ominosa: sustituye las disposiciones referidas a la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior por una disposición relacionada con temas de bienestar y el cumplimiento de planes de estudio. Si fue un error como afirman, qué bueno que acepten que sea lo primero que se tiene que corregir”.
Alertó que la iniciativa elimina la primera frase del tercero constitucional: “Toda persona tiene derecho a recibir educación”.
“Esto no se puede quitar por una ocurrencia de relacionar educación con bienestar. Y no se puede quitar porque proviene textualmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es regresivo”, señaló.
Respecto al abandono que se pretende del concepto de educación de calidad, opinó que éste no debería minimizarse, “proviene de iniciativas mundiales de la UNESCO. Abandonar el compromiso del Estado Mexicano por una educación de calidad sería regresivo. El cómo alcanzarla no debe pasar por la evaluación punitiva, pero el objetivo no debiera abandonarse”.
Otra inconsistencia, resaltó, es la propuesta respecto a la educación superior. “Se establece que debe ser obligatoria. Sin mayor diagnóstico, sin una meta por alcanzar, sólo se habla de gradualidad (de todo el decreto) en un transitorio”
Consideró incorrecto que se pretenda desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). “Devuelve a la SEP las funciones de evaluación sin que haya un razonamiento de cómo eso va a llevar a una educación de excelencia; el valor del INEE es hacer una evaluación autónoma del sistema educativo, aunque se restringió en su aplicación a evaluar a maestros con el esquema premio-castigo”, indicó.
“Lo que es absolutamente necesario es eliminar el carácter punitivo de la evaluación y la descalificación contra los docentes que promovieron tanto Enrique Peña Nieto como Emilio Chuayffet y Aurelio Nuño en afán de controlar al magisterio”, consideró.
Juárez Piña adelantó que su Grupo Parlamentario está abierto la revisión de la iniciativa, pero en su opinión “la discusión tiene que ser mucho más amplia porque para que cualquier reforma en la materia tenga éxito se tienen que resolver problemas estructurales”.
Entre ellos destacó “una reforma fiscal que revise la Ley de Coordinación Fiscal que reduzca las condiciones de marginación y desigualdad de los estados del sur, que elimine la inequidad entre éstos y las entidades del norte, que garantice el 8 por ciento del PIB a educación y aumente los recursos federales, particularmente los educativos, para el sur”.
“Hay que revisar el modelo educativo vigente, eliminar el uso político de los recursos educativos y de la SEP, combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, revisar planes y programas de estudio de las escuelas normales y aumentar su presupuesto, mejorar la capacitación docente y la infraestructura escolar, y evitar regresar al control del magisterio tanto por parte del gobierno como por parte de camarillas sindicales, entre otras medidas urgentes”, concluyó.
