Foto: José Luis Cruz V.
El Visionario Mx | México D.F.
La fracción parlamentaria del PRD acusó que la aprobación del informe parcial de trabajo de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del Metro, redactado unilateralmente por el diputado presidente Marco Antonio Calzada Arroyo, atropelló el procedimiento y la normatividad del proceso legislativo y los objetivos mismos por los que fue creado este órgano de trabajo legislativo.
“Es inaceptable avalar un documento que incumple con el mandato de esta comisión, y muestra además, una clara intencionalidad política que evidencia la pretensión de instrumentalizar la discusión sobre la Línea 12.”, señalaron los perredistas al fijar su posición sobre este tema.
“El objeto que el Pleno de la Cámara de Diputados le encomendó a esta Comisión Especial fue dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del Metro, por lo que no cuenta con atribuciones para procurar o administrar justicia, toda vez que la autoridad competente, local o federal, para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público” advirtieron.
Argumentaron además que con sus “recomendaciones” y “conclusiones” el informe presentado pretende erigir a la Comisión Especial de la Línea 12 en una especie de sección instructora con atribuciones jurisdiccionales.
Sostuvieron que el documento presentado por la presidencia como informe de trabajo, sin haber consultado a los legisladores integrantes, “manipula el objeto único y general de la Comisión Especial, recogido en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en el Programa de Trabajo”.
“Al atribuirse facultades no conferidas, la presidencia de la Comisión Especial socava preceptos constitucionales que aluden a las facultades de los Poderes de la Unión, especialmente de los Poderes Ejecutivo y Judicial, tanto federal como locales”, añadieron.
“A nuestro juicio el Informe de Trabajo, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, en virtud de que están prejuzgando conductas delictivas que sólo compete a los tribunales en materia penal determinar la responsabilidad y las sanciones penales”, dijeron.
“Sostenemos que una vez analizados los elementos probatorios aportados en el Informe de Trabajo, que no se acompañan al mismo, no hay evidencia que incida directamente en demostrar que los ex servidores públicos cometieron delitos y que deban ser sancionados penalmente, así como sancionarlos administrativamente”.
En ese tenor, acusaron que el “Informe de Trabajo solo se limita a cuestionar de manera genérica los documentos que le fueron entregados por parte de las autoridades- sin anexar los mismos-, pero no solicitó la comparecencia de los apoderados legales de las empresas involucradas para conocer su versión de los hechos y las pruebas que pudieran aportar para deslindar responsabilidades.
Asimismo, puntualizaron que con el informe “no quedan demostrado los referidos tipos penales previstos en el Código Penal Federal para fincar responsabilidades a los ex servidores públicos, debido a que no son suficientes las pruebas para llevarlos a juicio, así como no son aptas e idóneas para tener por acreditada conductas delictivas, al tratarse de argumentos que no reúnen los requisitos señalados en la ley adjetiva de la materia, por tal razón, ante tanta inconsistencia que tiene no puede ni debe ser tomado en cuenta por ninguna autoridad ministerial para iniciar una averiguación previa en contra de los ex servidores públicos, ni siquiera como indicio”.
“No se desprende de tal documento ningún hecho que pueda constituir un delito por parte de los funcionarios mencionados, pues solo se hacen aseveraciones de las deficiencias técnicas que dieron paso al cierre de las estaciones de la Línea 12 del Metro, sin acreditar sus afirmaciones”, agregaron.
“A pesar de que en dicho informe se indica que se llevaron a cabo diversas comparecencias y reuniones de trabajo de los involucrados dentro del caso Línea 12 del Metro de la Ciudad de México; lo cierto es que en ningún momento se dio o se permitió una comparecencia de los ex funcionarios a los que se pretende imputar delitos de carácter federal, para que pudieran presentar pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera, a fin de no violarse la garantía de audiencia”.
El Grupo Parlamentario del PRD sostuvo además que el informe “no está debidamente fundamentado ni motivado, en este sentido, en las aseveraciones que contiene el mismo se debiera demostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y el conjunto de pruebas que han sido analizadas para hacer una recomendación a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno Federal para que se inicien los procedimientos penales y administrativos que conforme a derecho procedan; de lo contrario estaría más que demostrado que el mismo está plagado de irregularidades y es violatorio de los derechos humanos y del debido proceso que establece la Constitución”.
En tal sentido, las y los legisladores perredistas concluyeron que “el informe está motivado por intereses individuales y políticos para desprestigiar mediáticamente a los ex servidores públicos, toda vez de que están fundados en motivos extralegales que son contrarios a la Constitución y a los Tratados Internacionales”.
