Redacción | Ciudad de México
El Grupo Parlamentario de Morena votó en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por la serie de desaciertos que contiene, y porque no responde a la exigencia de millones de mexicanos de acabar con la corrupción, que tanto lacera a nuestro país.
Debido a la serie de inconsistencias de dicho ordenamiento, los diputados Rocío Nahle, Ernestina Godoy, Antonio Hernández de la Piedra, Jesús Serrano, Ariel Juárez, Araceli Damián, Rogerio Castro, Roberto Cañedo y Margarita Cuata presentaron reservas a diversos artículos.
En su oportunidad, la diputada Rocío Nahle García aseveró que el Artículo 5 es uno de esos yerros, porque los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado no son considerados funcionarios públicos.
“Estas son de las divinidades que se aprobaron en la Reforma Energética. ¿Quiénes son los consejeros independientes en PEMEX y la CFE? En PEMEX está Alberto Tiburcio, que viene de Ernst & Young. Está Octavio Francisco Pastrana, un colombiano que es consejero de PEMEX. Está Jorge José Borja Navarrete, procedente de ICA, y Carlos Elizondo Mayer-Serra, un conocido catedrático del CIDE. Ellos no van a entrar a esta ley”, reclamó.
En la máxima tribuna del país, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena dijo que estos consejeros pueden disponer de Petróleos Mexicanos y vender o entregar petroquímicas como “Pajaritos” y las refinerías que quieran, pero que no tendrán ningún problema. “Es por eso que votamos en contra; es por eso que esta ley está acotada”.
En tanto, la legisladora Araceli Damián propuso reformas al Artículo 32, para que los empresarios, muchos de los cuales se han sido favorecidos por el poder, hagan públicas sus declaraciones de bienes. Argumentó que no solo la pobreza, sino también la corrupción, tienen sumido en la violencia a México.
A su vez, el diputado Rogerio Castro propuso que los candidatos a un puesto de elección popular sean sometidos de manera obligatoria a la fiscalización de bienes e intereses antes de iniciar campañas políticas.
La diputada Ernestina Godoy presentó 30 reservas a la citada ley, ya que ésta establece un régimen de excepción y privilegios que promueven la corrupción, lo que propicia que se incremente la burocracia. Consideró que en el Senado hubo negligencia por parte de los colegisladores, pues se impidió el análisis y debate adecuado.
Por otra parte, el legislador Antonio Hernández comentó que la corrupción es el principal problema del país, por lo cual propuso agregar el concepto de “hechos de corrupción y de candidato” al texto de la ley.
El diputado Ariel Juárez presentó reservas a los Artículos 7 y 223, debido a que la regulación de los funcionarios públicos y los principios que se rigen en el sistema de responsabilidades administrativas son los mismos que rigen el servicio público.
Por su parte, el diputado Jesús Serrano propuso reformar el Artículo 4, para que los candidatos a cargos de elección popular sean sujetos obligados de fiscalización. Argumentó que en las recientes elecciones, solo 12 de 76 candidatos hicieron públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, evadiendo toda responsabilidad de transparencia y honradez.
Por último, el diputado Roberto Cañedo dijo que la ley establece como medida cautelar la exhibición de documentos, pero que ello no implica que sean utilizados de forma indebida, mientras que la diputada Margarita Cuata propuso que se incluya la traducción de escritos a dialectos y lenguas indígenas.
