Redacción | México D.F.
En el marco de la Jornada Internacional contra la desaparición forzada y el genocidio, el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, dijo que actualmente en el país existen cosas qué lamentar debido al proceso de descomposición que se observa en varias partes de la República a raíz de la colusión de las autoridades con el crimen organizado.
En su participación, Anaya Gutiérrez señaló que 75 por ciento de los municipios del país se encuentran infiltrados por las bandas de la delincuencia, lo que constituye, dijo, una verdadera catástrofe de Estado fallido, incapaz de hacer respetar los derechos.
Consideró que el encuentro contribuirá a avanzar en el combate a la desaparición forzada y el genocidio hasta lograr el objetivo de que el Estado se comprometa a reparar los daños a los familiares en casos como el de Ayotzinapa.
Por su parte, la diputada Magdalena Núñez Monreal aseveró que el foro cobra singular importancia para la protección de los derechos humanos, por lo cual se pronunció a favor de regular el fortalecimiento de ciertos grupos sociales y de particulares que afectan la esfera jurídica de los individuos, que llegan, dijo, inclusive a ser un obstáculo en el pleno disfrute de los derechos fundamentales y que han llegado a influir en los cambios legislativos tanto a la ley fundamental como a las disposiciones secundarias.
La legisladora recordó que en la Cámara Baja, a partir del reconocimiento de los derechos humanos en el artículo primero constitucional, se han preocupado en la construcción jurídica de los derechos fundamentales, regulando la organización del poder y fijando el límite de la actuación de éste.
Sin embargo, cuestionó si los legisladores han sido omisos en cuanto a la necesidad de regular la defensa de los derechos fundamentales con relación a los particulares, concretamente frente a los poderes fácticos, pues, dijo, si bien la ideología liberal reconocía la igualdad de la que partían los individuos en sus relaciones privadas, en la actualidad esa adición no puede sostenerte ya que la sociedad se caracteriza cada vez más por su complejidad y el poder público se ve limitado por los grupos de presión y por particulares empoderados que desde su posición dominante poseen un poder en muchos de los casos similar a las del Estado y que son capaces de afectar los derechos fundamentales de los particulares.
“Estos grupos sociales o particulares en situación de ventajas son por supuesto diversos a las instituciones jurídicas tradicionales y por lo tanto crean situaciones de supremacía social ante las que el principio de igualdad ante la ley se ve vulnerado”, finalizó.
En el evento se contó con la participación del Embajador de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz, quien resaltó la importancia de que el delito de desaparición forzada y el genocidio no prescriba, por que los efectos psicológicos no se superan en una generación.
Destacó que actualmente se vive en un estadio inferior del desarrollo de la conciencia humana, debido a que varios países de Latinoamérica institucionalizaron la desaparición de personas.
Subrayó que en Chile se han confirmado mil 193 desapariciones tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende, en 1973, por lo que existen más de 120 militares condenados a cadena perpetua, mediante la aplicación de las leyes, ya que reconocer y respetar los derechos humanos proviene de los ciudadanos y de ningún grupo político.
De igual manera, Enrique González Ruíz, presidente de la Comisión de la Verdad, evidenció que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que se comete con la protección y el poder del Estado, el cual garantiza recursos suficientes, armamento e impunidad para que se perpetre, con el objetivo primordial de lastimar a todos los habitantes
En su conclusión hizo votos por que la Cámara de Diputados legisle en la materia y se establezca un confiable Registro Nacional de Desaparecidos, y no sea utilizado con fines políticos.
