Redacción | Ciudad de México.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, presentó ante el Pleno, un Punto de Acuerdo de Urgente Resolución a fin de que esta soberanía condene cualquier acto de censura hacia la labor informativa de las y los comunicadores en nuestro país (particularmente los casos de Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo Cassar Pérez) y solicite al Instituto Federal de Telecomunicaciones, dé vista al defensor de Audiencias, para que inicie una queja por las conductas de los directivos de la empresa Núcleo Radio Mil, respecto a posibles violaciones cometidas contra lo establecido en el capítulo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio y Difusión.
Tras advertir que no se trata de una “actitud antiempresarial”, sino de defensa de derechos, Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del GPPRD presentó el citado punto de acuerdo suscrito con el coordinador de esta bancada, Francisco Martínez Neri, en el que se convoca a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones -en ejercicio de sus facultades- investigue el caso y actúe en consecuencia, para hacer prevalecer el Estado de Derecho.
“El grupo parlamentario del PRD, se pronuncia por el pleno respeto del derecho de audiencias y de la libertad de expresión, así como por la integridad de las y los periodistas y comunicadores, porque son parte sustancial de toda democracia. No debemos permitir que en nuestro país, México, se hagan excepciones, y como legisladores debemos velar por que prevalezcan los preceptos constitucionales fundamentales, uno de ellos sin duda, la libertad de expresión”, subrayó.
Señaló que “el caso que es muy delicado, dado que estamos en el inicio del proceso electoral más amplio y complejo que hayamos tenido en nuestra historia contemporánea pues renovarán la Presidencia de la República, la totalidad el Congreso de la Unión y habrá elecciones locales en casi todos los estados” del país, y -en un Estado democrático- es fundamental que se respeten la libre expresión y la libertad de prensa, que haya mayores espacios para la participación de las y los ciudadanos, que se eleve el nivel del debate público en los medios de comunicación y -sobre todo- que se logre la democratización de los medios de comunicación, lo cual debe ser un ejercicio compartido entre actores políticos, concesionarios y la opinión pública, es decir, las audiencias”.
Destacó en este sentido que “es necesario garantizar los derechos de las audiencias respecto del abusivo ejercicio del poder sobre los medios de comunicación, sea por presiones externas o porque así conviene a algunos intereses políticos”.
“El hecho que referimos por la información que ha trascendido a la opinión pública, el del noticiero ‘Enfoque’, nos da elementos para suponer que estamos frente a un caso de censura de periodistas y comunicadores, así como a la violación a los derechos de las audiencias que, en otros países no sólo están garantizados, sino que cuentan con mecanismos que permiten su exigibilidad y protección” indicó.
Justamente el impulso que dimos en su momento para aprobar la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones –recordó el perredista- obedeció a nuestra convicción de construir un marco jurídico que permitiera ir abriendo la libre competencia del espectro radioeléctrico de nuestro país (especialmente en radio y televisión) pero también, de manera sustancial, para que los derechos de las audiencias se plasmaran en la Constitución y en la Ley de la materia, con el propósito de que se respetaran plenamente.
Por ello, recalcó, la libertad de expresión y de opinión en los medios de comunicación, debe estar garantizada y -en paralelo- el derecho de las audiencias debe prevalecer sobre cualquier interés particular, finalizó.
