Edgar Miranda Ortíz | México D.F.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reconoció la responsabilidad y ofreció una disculpa a nombre del Estado mexicano en un acto publico por el caso de Antonio Jacinto López Martínez.
El pasado 17 de octubre de 2011, el ex alcalde de San Martín Itunyoso, Oaxaca, Antonio Jacinto López Martínez, fue privado de la vida en la ciudad de Tlaxiaco, ubicada en la región de la Mixteca, esto a pesar de que el 29 de julio de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano adoptar las precauciones necesarias para garantizar la vida y la integridad física del líder triqui.
Campa Cifrián expresó que este acto denota el compromiso que tiene el Gobierno de la República para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y reconocer las omisiones que el Estado mexicano ha tenido, e informó que se trabaja en reforzar la protección de todas las personas, “en especial aquellas que se encuentran bajo algún particular riesgo, derivado de la labor que realizan en beneficio de la sociedad”.
El funcionario le ofreció una disculpa a la viuda del lider triqui, Julia Vásquez Bautista y reconoció la responsabilidad del Gobierno por la violación a los derechos humanos de Antonio Jacinto López. “Reitero el compromiso irrestricto del Gobierno mexicano para realizar todas las acciones y agotar todas las medidas necesarias, para que actos como los que dieron origen a este reconocimiento, no se vuelvan a repetir en un futuro”.
El Subsecretario firmo un acuerdo de solución amistosa del caso y agregó, contiene medidas que garantizan una reparación integral del daño, que incluyen medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y una compensación económica justa y calculada de acuerdo a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia. Destaco que dicho acto ejemplifica el diálogo abierto que mantiene el Gobierno de la República con las organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos.
Estas medidas, dijo, “contienen la obligación de continuar una investigación exhaustiva para llevar a las personas responsables de este caso ante la justicia y para que la familia conozca la verdad de los hechos”.
Por ultimo añadió que el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la falta del cabal cumplimiento de las medidas, y la Secretaría de Gobernación realizará un proceso de consulta con la sociedad civil para la elaboración e implementación de protocolos para la adopción de medidas cautelares que hayan sido dictadas por mecanismos de protección de derechos humanos.
