Por: Dafnys Guzmán B. | Bolivia.
En los últimos diez años, el Perú ha tenido ocho presidentes. Ninguno ha logrado concluir su mandato. Detrás de esta rotación vertiginosa de poder se esconde una crisis institucional que trasciende los marcos del derecho y revela, desde la óptica de la ciencia política, una profunda descomposición en los mecanismos de legitimidad y ejercicio cotidiano del poder.
Lejos de tratarse solo de una falla constitucional, la inestabilidad peruana representa un laboratorio de la microfísica del poder descrita por Michel Foucault: un entramado de relaciones, prácticas y gestos que sostienen —o erosionan— la autoridad política más allá de las leyes escritas.
Una democracia sostenida por hilos frágiles
La Constitución de 1993, promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori, introdujo un sistema semipresidencial híbrido que otorga al Congreso la facultad de vacar al Presidente de la República por “incapacidad moral permanente”. La ambigüedad de esta figura ha convertido la vacancia en un instrumento recurrente de confrontación política.
Si bien cada destitución se ha sustentado en argumentos formalmente legales, desde la perspectiva de la ciencia política la legalidad no siempre equivale a legitimidad. Las decisiones parlamentarias pueden ser válidas en derecho, pero ilegítimas si carecen del consenso social que sustenta el contrato democrático.
La vacancia presidencial ha pasado de ser un mecanismo de control constitucional a una herramienta de disputa coyuntural. En la práctica, el Congreso peruano ha transformado la legalidad en un campo de batalla partidaria, vaciando de contenido el principio de estabilidad política.
La microfísica del poder: el poder como práctica cotidiana
Michel Foucault advirtió que el poder no se ejerce solo desde el Estado, sino desde múltiples espacios donde las relaciones humanas producen obediencia, control y resistencia.
Aplicado al Perú actual, el concepto de microfísica del poder permite observar cómo las instituciones —Parlamento, medios, redes sociales y organismos judiciales— interactúan a diario en una dinámica de presión constante.
El poder en Perú se ha vuelto una práctica de sustitución permanente: destituir, reemplazar, denunciar, resistir. Cada moción de vacancia, cada filtración mediática y cada tuit incendiario actúan como microdispositivos que reconfiguran las jerarquías políticas. El resultado es una sociedad habituada a la inestabilidad, donde el mandato se percibe como efímero y la autoridad, como sospechosa.
Esta “microfísica de la crisis” explica por qué ningún presidente reciente ha logrado consolidar liderazgo ni confianza pública. La gobernabilidad se fragmenta no por falta de normas, sino por el desgaste de las prácticas que deberían sostenerlas.
La legitimidad ausente: entre la desconfianza y la despolitización
Desde la ciencia política, la legitimidad es el reconocimiento social que otorga validez moral a la autoridad. Max Weber distinguía entre la legitimidad tradicional, carismática y legal-racional; el Perú contemporáneo parece haber agotado las tres.
La corrupción, los escándalos judiciales y el oportunismo parlamentario han generado un clima de desafección colectiva. En especial, la Generación Z peruana —jóvenes hiperconectados, educados en la era digital y políticamente desencantados— expresa una “despolitización activa”: protesta, ironiza, denuncia, pero no se integra en estructuras partidarias.
La política, para ellos, ya no representa un camino de transformación, sino un espacio contaminado. La legitimidad se desplaza entonces hacia la protesta, y la calle reemplaza al Congreso como escenario de representación.
Este fenómeno trasciende las fronteras peruanas: la desconfianza juvenil hacia la política institucional es un signo común en varios países del Cono Sur, donde la ética pública se ha subordinado al cálculo electoral.
Legalidad sin legitimidad: el quiebre de la representación
El equilibrio entre legalidad y legitimidad es esencial para cualquier democracia. Cuando las normas se aplican sin respaldo social, el sistema se vuelve formalmente correcto, pero políticamente vacío.
En el Perú, la legalidad se ha convertido en una coartada para el poder, no en su fundamento ético. Los procedimientos de vacancia y reemplazo presidencial son, en teoría, legales; sin embargo, su uso reiterado destruye el principio de continuidad democrática.
El Congreso, amparado en la letra constitucional, ha actuado muchas veces con lógica facciosa. De esta forma, la ley pierde su función de orden y se transforma en un instrumento de combate. La consecuencia inmediata es la erosión de la confianza ciudadana: el pueblo percibe que las reglas existen, pero no protegen al país, sino a los intereses momentáneos de las élites políticas.
Consecuencias regionales: lo que la crisis peruana anticipa para el Cono Sur
El derrumbe institucional del Perú no ocurre en el vacío. Sus efectos se proyectan sobre toda Sudamérica.
Para Bolivia, país fronterizo y socio en la Comunidad Andina, la inestabilidad peruana representa un riesgo económico y político. Un Perú dividido puede afectar el comercio interfronterizo, la seguridad en las zonas limítrofes y la coordinación diplomática en temas estratégicos como la energía y la migración.
Además, el descrédito del sistema político peruano puede tener un efecto espejo en la región: reforzar la narrativa de que “todas las instituciones están corrompidas”, debilitando la fe ciudadana en la democracia. En contextos así, los populismos autoritarios encuentran terreno fértil para prosperar.
La crisis peruana, por tanto, no solo amenaza su propio futuro, sino el equilibrio institucional del Cono Sur.
Lecciones para América Latina: repensar el poder y la legitimidad
La experiencia del Perú invita a repensar el poder en su dimensión más profunda. No basta con reformar la Constitución o modificar artículos ambiguos; es necesario transformar las prácticas cotidianas del poder, desde el comportamiento parlamentario hasta la ética del servicio público.
El desafío de la región consiste en reconstruir legitimidad a través de la educación cívica, la participación consciente de las juventudes y el fortalecimiento de una cultura democrática que priorice el bien común sobre la conveniencia partidaria.
Mientras la legalidad siga divorciada de la legitimidad, América Latina continuará atrapada en ciclos de crisis.
El caso peruano es una advertencia: cuando la política se convierte en una guerra de reemplazos y no en un proyecto de nación, toda la democracia regional se debilita.
